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Durante los últimos años el país ha enfrentado un fuerte crecimiento de un conjunto de delitos de robo y lesiones culposas, que han generado un sentimiento de inseguridad e indefensión entre sus habitantes, lo mismo que un aumento en los casos de violencia doméstica.
Estadísticas del Organismo de Investigación Judicial demuestran que los delitos contra la propiedad tuvieron un aumento del 11.7% entre el trimestre mayo-julio de 1998 respecto a igual período de 1997.
Por otra parte, cada vez son mayores los delitos vinculados con el trasiego ilegal de drogas, en lo cual el país desempeña un papel de "puente" para trasladar distintos tipos de droga a otras naciones, además de una alza en los delitos internos de este tipo. Para enfrentar esta situación muchos costarricenses han optado por adquirir armas, en muchas ocasiones sin portar el permiso requerido, y por otra parte ha surgido una alta cantidad de empresas de seguridad privada, en las cuales se desempeñan muchos extranjeros; ambos factores, no han mostrado ser la mejor opción para un resolver un problema de tanta trascendencia.
En este marco, se ha establecido que los procedimientos de administración actual de la justicia operan de una forma muy lenta y sin garantizar el principio de una justicia pronta y cumplida y sin denegación.
Como resultado de lo anterior, se enfrenta la situación de la sobrepoblación penal, en lugares de reclusión que carecen de las condiciones mínimas para incentivar la reincorporación de los recluidos a la vida normal.
Con el propósito de enfrentar este recrudecimiento se elabora y pone en marcha el Plan Integral que tiene como objetivo reestablecer la tranquilidad que merecen los costarricenses para continuar por la ruta del desarrollo humano, reduciendo los índices de criminalidad y elevar los niveles de participación de las comunidades en la lucha preventiva contra la delincuencia.
Dicho plan coordinará las acciones de corto mediano y largo plazo entre las instituciones que trabajan en la prevención del delito, la reestructuración de las organizaciones policiales, la participación comunal, los castigos para quienes delinquen y un progama de rehabilitación para aquellos privados de libertad que lo requieran.
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Seguridad Ciudadana
